La proliferación de los talleres ilegales de reparación de automóviles ha provocado unas pérdidas de 3.500 millones de euros en el sector de la posventa de automoción durante los últimos seis años, según la 'Propuesta de actuación para la erradicación de talleres ilegales' presentada por las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam) ante el Seprona.
Este documento pone de manifiesto que en la actualidad el 20% del total de talleres instalados en España no cumple con la normativa, lo que supone alrededor de 10.000 negocios que actúan fuera de las reglas del mercado. La actividad de estas instalaciones ilegales supone que el Estado deje de ingresar 230 millones de euros anuales derivados tanto del fraude del IVA, que no cobran al cliente final, como de la evasión de impuestos derivados de su propia actividad.
La cifra de negocio estimada de estos centros fuera de la legalidad se estima en 1.000 millones de euros anuales, con una recaudación en IVA que debería generar 210 millones de euros al año y de 20 millones en lo referente a IRPF. El impacto sobre la Seguridad Social supone que en estos 10.000 talleres trabajen de forma ilegal unas 15.000 personas en España, con un salario medio de 20.000 euros y una cuota media del 37,5%. Así, los contratos ilegales de los trabajadores suponen unas pérdidas de 112,5 millones de euros anuales para la Seguridad Social.
Por otro lado, el texto de Anfac y Ganvam indica que los centros 'piratas' de reparación de vehículos tienen también un efecto negativo sobre los clientes, puesto que éstos quedan "completamente desprotegidos", al no contar con facturas, presupuestos ni garantías de las operaciones realizadas en su automóvil. Asimismo, resaltaron que esta actividad representa un riesgo para la seguridad vial, dado que no es posible garantizar que los vehículos hayan sido reparados de forma segura, y también para el medio ambiente, por no poder verificar el cumplimiento de la normativa de gestión y reciclaje de residuos.
De esta forma, el auge de este tipo de negocios ilegales ha tenido un fuerte impacto sobre el sector de la posventa, que acumula una caída del 30% de su facturación en los últimos años, situación que ha ocasionado el cierre de 6.200 talleres. Según las dos asociaciones, este sector ha perdido 12 millones de reparaciones de vehículos al año como consecuencia de la disminución de las matriculaciones y por la mayor antigüedad del parque automovilístico español.
A raíz de esta situación, Anfac y Ganvam solicitan la puesta en marcha de un plan de acción de lucha contra las reparaciones ilegales, con la coordinación de los ministerios de Interior, Hacienda y Trabajo. Por ello, recomiendan centralizar las ventanillas de denuncias en el Ministerio de Interior, así como poner en marcha un calendario de inspecciones regionales derivadas de las denuncias, intensificar los controles de los vehículos que no superen la ITV o la creación de un plan de concienciación social.
Este documento pone de manifiesto que en la actualidad el 20% del total de talleres instalados en España no cumple con la normativa, lo que supone alrededor de 10.000 negocios que actúan fuera de las reglas del mercado. La actividad de estas instalaciones ilegales supone que el Estado deje de ingresar 230 millones de euros anuales derivados tanto del fraude del IVA, que no cobran al cliente final, como de la evasión de impuestos derivados de su propia actividad.
La cifra de negocio estimada de estos centros fuera de la legalidad se estima en 1.000 millones de euros anuales, con una recaudación en IVA que debería generar 210 millones de euros al año y de 20 millones en lo referente a IRPF. El impacto sobre la Seguridad Social supone que en estos 10.000 talleres trabajen de forma ilegal unas 15.000 personas en España, con un salario medio de 20.000 euros y una cuota media del 37,5%. Así, los contratos ilegales de los trabajadores suponen unas pérdidas de 112,5 millones de euros anuales para la Seguridad Social.
Por otro lado, el texto de Anfac y Ganvam indica que los centros 'piratas' de reparación de vehículos tienen también un efecto negativo sobre los clientes, puesto que éstos quedan "completamente desprotegidos", al no contar con facturas, presupuestos ni garantías de las operaciones realizadas en su automóvil. Asimismo, resaltaron que esta actividad representa un riesgo para la seguridad vial, dado que no es posible garantizar que los vehículos hayan sido reparados de forma segura, y también para el medio ambiente, por no poder verificar el cumplimiento de la normativa de gestión y reciclaje de residuos.
De esta forma, el auge de este tipo de negocios ilegales ha tenido un fuerte impacto sobre el sector de la posventa, que acumula una caída del 30% de su facturación en los últimos años, situación que ha ocasionado el cierre de 6.200 talleres. Según las dos asociaciones, este sector ha perdido 12 millones de reparaciones de vehículos al año como consecuencia de la disminución de las matriculaciones y por la mayor antigüedad del parque automovilístico español.
A raíz de esta situación, Anfac y Ganvam solicitan la puesta en marcha de un plan de acción de lucha contra las reparaciones ilegales, con la coordinación de los ministerios de Interior, Hacienda y Trabajo. Por ello, recomiendan centralizar las ventanillas de denuncias en el Ministerio de Interior, así como poner en marcha un calendario de inspecciones regionales derivadas de las denuncias, intensificar los controles de los vehículos que no superen la ITV o la creación de un plan de concienciación social.
