La Corporación, condenada a devolver 3.000 euros a la dueña de un coche sancionado por no poner tíckets de la ORA. Las sentencias rechazan que la mujer tuviese obligación de probar que el infractor, extranjero, estaba esos días en la capital
Una ciudadana madrileña, Ascensión Vargas Mendieta, ha ganado una importante batalla legal al Ayuntamiento de Madrid al poner en evidencia su deficiente, e ilegal en ocasiones, maquinaria para gestionar las multas de aparcamiento. Tres jueces distintos han dado la razón a la mujer en los diez pleitos que interpuso contra la Corporación por imponerle otras tantas multas derivadas de infracciones del S.E.R. (Servicio de Estacionamiento Regulado), también conocido como O.R.A.
La primera consecuencia es que el Ayuntamiento está condenado a devolver a la protagonista de la historia, que además es abogada, los 3.000 euros que le cobró de forma ilegal, y además tendrá que pagar unos 800 euros de las costas del procedimiento.
El caso arranca en diciembre de 2007. Entre ese mes y marzo de 2008, Ascensión deja varias veces su coche los fines de semana a una familiar y a un amigo suyo italiano. Los agentes del S.E.R. multan en diez ocasiones al vehiculo en ese periodo por no poner el tícket.
El Ayuntamiento de Madrid comienza a notificar a Ascensión las multas, y ella comunica a la Corporación el nombre y apellidos del infractor, el ciudadano italiano amigo de su familiar. Aporta nombre y apellidos, número de licencia de conducir, y domicilio en Caserta (Italia).
Los servicios municipales insisten entonces a la mujer solicitando el permiso de conducir de la persona identificada, y pruebas de que se encontraba en Madrid cuando se produjeron los hechos. Ascensión planteó alegaciones argumentando que el artículo 72.3 de la Ley de Seguridad Vial, vigente en el momento de los hechos, le exigía una identificación "veraz" del conductor, lo que no abarcaba lo que pedía el Ayuntamiento.
Sin intentar comunicar con la persona identificada con los datos de su nombre y domicilio, aportados por la dueña del coche, el Ayuntamiento archiva entonces el expediente por la multa de aparcamiento, y abre otro por falta muy grave a Ascensión por no identificar al infractor. En total, multa de 301 euros, que multiplicada por los diez casos suponen para el bolsillo de Ascensión 3.010 euros.
Sin embargo, la mujer considera que ha sido víctima de un atropello y, asesorada por otra letrada, Trinidad López, inicia la cadena de recursos --primero en vía administrativa y luego judicial-- que han culminado con la condena al Ayuntamiento por infringir la Ley de Seguridad Vial.
Tres jueces de lo Contencioso-Administrativo distintos --uno de ellos ha visto 7 de los pleitos de forma acumulada-- han dado la razón a Ascensión. Una de las sentencias señala que el Ayuntamiento debió "dirigirse contra el conductor responsable de la infracción", ya que la ley no exige a la dueña del coche "aportar copia del permiso de circulación del conductor, ni prueba justificativa de que se encontraba en España el día de la comisión de la infracción".
Otra resolución resume las dos claras infracciones del ordenamiento jurídico en que ha incurrido el Ayuntamiento Primero, "razonar que el propietario. del vehículo tiene que cumplir algún tipo de deber que no venga clara y expresamente consignado en el precepto legal que lo regula (...), porque ello implica una interpretación extensiva del tipo sancionador, prohibida en este ámbito del derecho".
Y segundo: "Presumir que los datos aportados por el propietario son insuficientes para identificar al conductor sin realizar siquiera alguna mínima diligencia de comprobación de la veracidad de tales datos", de modo que el Ayuntamiento no puede afirmar que no se ha cumplido el deber de identificación, porque no lo sabe.
Ascensión Vargas, 'Chón', ha explicado a Público que ya le han devuelto el importe de tres de las multas, y le han llamado estos días para abonarle las siete restantes (la última sentencia es del 13 de marzo de este año).Señala que el proceso "ha sido psicológicamente muy duro y un desgaste emocional muy fuerte", al incluir una veintena de visitas a los departamentos municipales de tráfico y la redaccion de decenas de folios de alegaciones y recursos."Es un ciudadano contra una maquinaria todopoderosa como la Administración", describe.
Ascensión está segura de que la mayoría de los ciudadanos de a pie que no tienen relación con el mundo del derecho no recurren ante los tribunales por atropellos similares, máxime cuando desde noviembre les exigen una tasa que puede llegar a igualar el importe de la multa impuesta, aparte del coste del abogado y del procurador.
Recuerda con especial indignación cuando, en uno de los juicios, la abogada del Ayuntamiento la reprochó haber querido engañarles. "No, aquí el que engaña y choricea es el Ayuntamiento, los ciudadanos decimos la verdad", dice que contestó Ascensión cuando le llegó el turno.
Si no llega a ganar los pleitos, la abogada no duda en que hubiese acudido al Tribunal Constitucional, que ha dictado hasta la fecha tres sentencias distintas condenando al Ayuntamiento de Madrid por vulnerar el derecho a la legalidad sancionadora (artículo 25 de la Constitución) de otros tres particulares, a los que multó por no identificar a conductores extranjeros en casos similares al de Ascensión.
Info sacada de publico.es
Una ciudadana madrileña, Ascensión Vargas Mendieta, ha ganado una importante batalla legal al Ayuntamiento de Madrid al poner en evidencia su deficiente, e ilegal en ocasiones, maquinaria para gestionar las multas de aparcamiento. Tres jueces distintos han dado la razón a la mujer en los diez pleitos que interpuso contra la Corporación por imponerle otras tantas multas derivadas de infracciones del S.E.R. (Servicio de Estacionamiento Regulado), también conocido como O.R.A.
La primera consecuencia es que el Ayuntamiento está condenado a devolver a la protagonista de la historia, que además es abogada, los 3.000 euros que le cobró de forma ilegal, y además tendrá que pagar unos 800 euros de las costas del procedimiento.
El caso arranca en diciembre de 2007. Entre ese mes y marzo de 2008, Ascensión deja varias veces su coche los fines de semana a una familiar y a un amigo suyo italiano. Los agentes del S.E.R. multan en diez ocasiones al vehiculo en ese periodo por no poner el tícket.
El Ayuntamiento de Madrid comienza a notificar a Ascensión las multas, y ella comunica a la Corporación el nombre y apellidos del infractor, el ciudadano italiano amigo de su familiar. Aporta nombre y apellidos, número de licencia de conducir, y domicilio en Caserta (Italia).
Los servicios municipales insisten entonces a la mujer solicitando el permiso de conducir de la persona identificada, y pruebas de que se encontraba en Madrid cuando se produjeron los hechos. Ascensión planteó alegaciones argumentando que el artículo 72.3 de la Ley de Seguridad Vial, vigente en el momento de los hechos, le exigía una identificación "veraz" del conductor, lo que no abarcaba lo que pedía el Ayuntamiento.
Sin intentar comunicar con la persona identificada con los datos de su nombre y domicilio, aportados por la dueña del coche, el Ayuntamiento archiva entonces el expediente por la multa de aparcamiento, y abre otro por falta muy grave a Ascensión por no identificar al infractor. En total, multa de 301 euros, que multiplicada por los diez casos suponen para el bolsillo de Ascensión 3.010 euros.
Sin embargo, la mujer considera que ha sido víctima de un atropello y, asesorada por otra letrada, Trinidad López, inicia la cadena de recursos --primero en vía administrativa y luego judicial-- que han culminado con la condena al Ayuntamiento por infringir la Ley de Seguridad Vial.
Tres jueces de lo Contencioso-Administrativo distintos --uno de ellos ha visto 7 de los pleitos de forma acumulada-- han dado la razón a Ascensión. Una de las sentencias señala que el Ayuntamiento debió "dirigirse contra el conductor responsable de la infracción", ya que la ley no exige a la dueña del coche "aportar copia del permiso de circulación del conductor, ni prueba justificativa de que se encontraba en España el día de la comisión de la infracción".
Otra resolución resume las dos claras infracciones del ordenamiento jurídico en que ha incurrido el Ayuntamiento Primero, "razonar que el propietario. del vehículo tiene que cumplir algún tipo de deber que no venga clara y expresamente consignado en el precepto legal que lo regula (...), porque ello implica una interpretación extensiva del tipo sancionador, prohibida en este ámbito del derecho".
Y segundo: "Presumir que los datos aportados por el propietario son insuficientes para identificar al conductor sin realizar siquiera alguna mínima diligencia de comprobación de la veracidad de tales datos", de modo que el Ayuntamiento no puede afirmar que no se ha cumplido el deber de identificación, porque no lo sabe.
Ascensión Vargas, 'Chón', ha explicado a Público que ya le han devuelto el importe de tres de las multas, y le han llamado estos días para abonarle las siete restantes (la última sentencia es del 13 de marzo de este año).Señala que el proceso "ha sido psicológicamente muy duro y un desgaste emocional muy fuerte", al incluir una veintena de visitas a los departamentos municipales de tráfico y la redaccion de decenas de folios de alegaciones y recursos."Es un ciudadano contra una maquinaria todopoderosa como la Administración", describe.
Ascensión está segura de que la mayoría de los ciudadanos de a pie que no tienen relación con el mundo del derecho no recurren ante los tribunales por atropellos similares, máxime cuando desde noviembre les exigen una tasa que puede llegar a igualar el importe de la multa impuesta, aparte del coste del abogado y del procurador.
Recuerda con especial indignación cuando, en uno de los juicios, la abogada del Ayuntamiento la reprochó haber querido engañarles. "No, aquí el que engaña y choricea es el Ayuntamiento, los ciudadanos decimos la verdad", dice que contestó Ascensión cuando le llegó el turno.
Si no llega a ganar los pleitos, la abogada no duda en que hubiese acudido al Tribunal Constitucional, que ha dictado hasta la fecha tres sentencias distintas condenando al Ayuntamiento de Madrid por vulnerar el derecho a la legalidad sancionadora (artículo 25 de la Constitución) de otros tres particulares, a los que multó por no identificar a conductores extranjeros en casos similares al de Ascensión.
Info sacada de publico.es
