FACUA-Consumidores en Acción avisa de las consecuencias negativas que puede generar la liberalización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que estudia el Ministerio de Industria y pide que se mantenga un servicio público cuyo objetivo principal debe ser garantizar la seguridad vial. Y advierte que la medida es contraria al ordenamiento jurídico europeo y no representará una bajada de precios. ElGobierno quiere abrir las inspecciones de vehículos a concesionarios de automóviles y otras empresas del sector lo que supone privatizar un servicio público que certifica la seguridad de nuestros coches.
La organización cuestiona el conflicto de intereses que generaría esta medida. FACUA se pregunta quién garantizaría el control de calidad si un taller o un concesionario se convierte al mismo tiempo en punto de reparación o venta de vehículos y también en estación de ITV.
FACUA recuerda que una solución para garantizar un equilibrio en las tarifas que pagan los consumidores ante las revisiones de sus vehículos, es que siga siendo un servicio público y con importes similares en todo el país.
En España conviven distintos modelos de gestión, puesto que son las comunidades autónomas las que regulan el servicio, esto hace que existan diferencias de hasta el 144% en los precios. En motores diésel un usuario paga en Extremadura casi 26 euros por la revisión, mientras que un consumidor en la Comunidad Valenciana abonaba a diales del pasado año algo más de 63.
La organización cuestiona el conflicto de intereses que generaría esta medida. FACUA se pregunta quién garantizaría el control de calidad si un taller o un concesionario se convierte al mismo tiempo en punto de reparación o venta de vehículos y también en estación de ITV.
FACUA recuerda que una solución para garantizar un equilibrio en las tarifas que pagan los consumidores ante las revisiones de sus vehículos, es que siga siendo un servicio público y con importes similares en todo el país.
En España conviven distintos modelos de gestión, puesto que son las comunidades autónomas las que regulan el servicio, esto hace que existan diferencias de hasta el 144% en los precios. En motores diésel un usuario paga en Extremadura casi 26 euros por la revisión, mientras que un consumidor en la Comunidad Valenciana abonaba a diales del pasado año algo más de 63.
