Una reciente sentencia judicial anula una multa por exceso de velocidad y critica el desmedido afán recaudatorio de la Administración y la "jibarización" de los trámites sancionadores. La noticia no tiene desperdicio y evidencia las carencias del sistema, poniendo en duda la capacidad sancionadora de la Guardia Civil, que solo puede incoar expedientes que luego aprueba la autoridad competente (jefatura de Tráfico o cualquier otro organismo establecido por la ley).
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