Las exigencias de CiU al proyecto de Economía Sostenible dejan solo al Gobierno - El Ejecutivo busca in extremis apoyos a la polémica norma que permite cerrar webs
La normativa que permite cerrar páginas webs que vulneren la Ley de Propiedad Intelectual, conocida como ley Sinde, se tambalea. A unas horas de que el Congreso vote esta iniciativa, incluida en la Ley de Economía Sostenible, CiU, el aliado con el que contaba el PSOE para sumar votos suficientes, se plantó ayer con cuatro exigencias mayores que el Gobierno no está dispuesto a asumir.
CiU, que supuestamente apoyaba la normativa que permite cerrar páginas webs -al menos no habían presentado enmiendas a ese capítulo del proyecto- exigió ayer por la tarde como contrapartida para apoyar la iniciativa mejoras en otros apartados de la Ley de Economía Sostenible. Versaban sobre modernización de empresas, alternativas ante la supresión de la desgravación por compra de viviendas, la red de ferrocarriles y la política energética.
El PSOE, sorprendido, buscará votos entre sus aliados habituales, pero es consciente de la dificultad que comporta, dado que nadie quiere asumir el apoyo a la ley Sinde, que ha desencadenado un rechazo social muy importante. De hecho, el PNV ha planteado enmiendas a esa parte de la ley y alguno de sus diputados se ha mostrado muy beligerante contra la normativa que permite cerrar páginas web.
El Gobierno difundió por la tarde un argumentario para consumo de los dirigentes socialistas sobre las ventajas de la ley antidescargas; daban por descontado que sería apoyada por CiU y podría salir adelante.
El argumentario recuerda que la normativa establecía el cierre de páginas webs de descargas de archivos protegidos por derechos de autor, como música, películas, videojuegos o software, pero siempre bajo autorización judicial.
La normativa otorga a la Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, la potestad de tramitar las denuncias y proponer el cierre o bloqueo de las webs. La tutela judicial seguirá a cargo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que deberá ejecutar o no la medida en el plazo máximo de cuatro días.
Las protestas desencadenadas por la iniciativa entre colectivos de internautas ha dificultado el apoyo de los grupos parlamentarios a la ley del Gobierno, pues nadie quiere asumir el coste electoral que eso puede suponer. Al autocierre protagonizado el domingo por las principales páginas de enlaces como Seriesyonkis o Cinetube, le siguió ayer el llamamiento desde distintos foros para bloquear las páginas del Congreso de los Diputados y de partidos como PP, PNV, PSOE y CiU. Los diputados de estos grupos parlamentarios tuvieron problemas de acceso a sus ordenadores a partir de las seis de la tarde.
El PSOE es consciente de que la normativa antidescargas envenena la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, que podrían asumir muchos grupos parlamentarios si no incluyera la normativa que permite cerrar páginas web que utilizan diariamente miles de usuarios.
El PNV, su aliado de los últimos meses con el que firmó un acuerdo de estabilidad parlamentaria, se muestra muy reacio, cuando no abiertamente en contra de apoyar la ley Sinde en su redacción original. La izquierda parlamentaria ya ha anunciado su total rechazo. El PP, que ha presentado enmiendas que buscan un mayor garantismo judicial, también se opone al proyecto. CiU y Coalición Canaria eran la esperanza del PSOE. Una portavoz de CiU señaló anoche que no tenían ninguna "postura cerrada" y que las negociaciones continuarían hoy hasta el momento mismo de la votación.
Lo que no va a faltar, pese a las versiones iniciales, es el debate parlamentario. Portavoces del Congreso aseguran que la fórmula de competencia legislativa plena bajo la que se discutirá mañana la Ley de Economía Sostenible no quiere decir que no se puedan debatir enmiendas a petición de los grupos.
De hecho, aclaran los mismos portavoces, importantes normas como la Ley de Navegación Aérea o la de Morosidad han sido discutidas en comisión, aunque no han pasado por el pleno y se han votado enmiendas. Una vez que el Congreso vote hoy, el proyecto irá al Senado, donde podrá ser modificado, y volverá a la Cámara baja, que únicamente votará las modificaciones que se hayan introducido.
Información ofrecida por http://www.elpais.com/articulo/cultura/ley/Sinde/cuerdas/elpepicul/20101221elpepicul_2/Tes
La normativa que permite cerrar páginas webs que vulneren la Ley de Propiedad Intelectual, conocida como ley Sinde, se tambalea. A unas horas de que el Congreso vote esta iniciativa, incluida en la Ley de Economía Sostenible, CiU, el aliado con el que contaba el PSOE para sumar votos suficientes, se plantó ayer con cuatro exigencias mayores que el Gobierno no está dispuesto a asumir.
CiU, que supuestamente apoyaba la normativa que permite cerrar páginas webs -al menos no habían presentado enmiendas a ese capítulo del proyecto- exigió ayer por la tarde como contrapartida para apoyar la iniciativa mejoras en otros apartados de la Ley de Economía Sostenible. Versaban sobre modernización de empresas, alternativas ante la supresión de la desgravación por compra de viviendas, la red de ferrocarriles y la política energética.
El PSOE, sorprendido, buscará votos entre sus aliados habituales, pero es consciente de la dificultad que comporta, dado que nadie quiere asumir el apoyo a la ley Sinde, que ha desencadenado un rechazo social muy importante. De hecho, el PNV ha planteado enmiendas a esa parte de la ley y alguno de sus diputados se ha mostrado muy beligerante contra la normativa que permite cerrar páginas web.
El Gobierno difundió por la tarde un argumentario para consumo de los dirigentes socialistas sobre las ventajas de la ley antidescargas; daban por descontado que sería apoyada por CiU y podría salir adelante.
El argumentario recuerda que la normativa establecía el cierre de páginas webs de descargas de archivos protegidos por derechos de autor, como música, películas, videojuegos o software, pero siempre bajo autorización judicial.
La normativa otorga a la Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, la potestad de tramitar las denuncias y proponer el cierre o bloqueo de las webs. La tutela judicial seguirá a cargo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que deberá ejecutar o no la medida en el plazo máximo de cuatro días.
Las protestas desencadenadas por la iniciativa entre colectivos de internautas ha dificultado el apoyo de los grupos parlamentarios a la ley del Gobierno, pues nadie quiere asumir el coste electoral que eso puede suponer. Al autocierre protagonizado el domingo por las principales páginas de enlaces como Seriesyonkis o Cinetube, le siguió ayer el llamamiento desde distintos foros para bloquear las páginas del Congreso de los Diputados y de partidos como PP, PNV, PSOE y CiU. Los diputados de estos grupos parlamentarios tuvieron problemas de acceso a sus ordenadores a partir de las seis de la tarde.
El PSOE es consciente de que la normativa antidescargas envenena la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, que podrían asumir muchos grupos parlamentarios si no incluyera la normativa que permite cerrar páginas web que utilizan diariamente miles de usuarios.
El PNV, su aliado de los últimos meses con el que firmó un acuerdo de estabilidad parlamentaria, se muestra muy reacio, cuando no abiertamente en contra de apoyar la ley Sinde en su redacción original. La izquierda parlamentaria ya ha anunciado su total rechazo. El PP, que ha presentado enmiendas que buscan un mayor garantismo judicial, también se opone al proyecto. CiU y Coalición Canaria eran la esperanza del PSOE. Una portavoz de CiU señaló anoche que no tenían ninguna "postura cerrada" y que las negociaciones continuarían hoy hasta el momento mismo de la votación.
Lo que no va a faltar, pese a las versiones iniciales, es el debate parlamentario. Portavoces del Congreso aseguran que la fórmula de competencia legislativa plena bajo la que se discutirá mañana la Ley de Economía Sostenible no quiere decir que no se puedan debatir enmiendas a petición de los grupos.
De hecho, aclaran los mismos portavoces, importantes normas como la Ley de Navegación Aérea o la de Morosidad han sido discutidas en comisión, aunque no han pasado por el pleno y se han votado enmiendas. Una vez que el Congreso vote hoy, el proyecto irá al Senado, donde podrá ser modificado, y volverá a la Cámara baja, que únicamente votará las modificaciones que se hayan introducido.
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